Dieciséis activistas ambientales británicos, condenados a penas de 20 meses a cinco años por alteración del orden público, han comparecido en un tribunal de apelación de Londres para reclamar las suspensión de sus condenas por considerarlas "excesivamente duras". Decenas de ecologistas se congregaron ante el tribunal pidiendo "libertad para los "presos ambientales"" y condenando los encarcelamientos por "protestas pacíficas".
El caso más notorio es el Gaie Delap, de 78 años, sentenciada a 20 meses de cárcel por participar en un corte de tráfico de Just Stop Oil en la circunvalación M23 que afectó a más de 700.000 vehículos. La abuela activista ha vuelto a ser encarcelada porque sus muñecas son demasiado pequeñas para el brazalete electrónico, lo que impide que pueda cumplir el resto de su condena en arresto domiciliario.
Su hermano, Mick, ha denunciado el "tratamiento cruel" al que ha sido sometida, incapaz de dormir y comer, aquejada de varios problemas de salud, incluida la falta de sensibilidad en un dedo tras ser esposada y el riesgo de trombosis que impide que se le pueda poner el brazalete electrónico en el tobillo. Gaie Delap se ha convertido en el rostro más visible de la "mano dura" contra los activistas emprendida en su día por el conservador Rishi Sunak.
La actriz Emma Thompson y escritores como Simon Schama se han sumado a la campaña auspiciada por organizaciones como Greenpeace y Amigos de la Tierra, que consideran la comparecencia de los 16 activistas ambientales como "la prueba de fuego del derecho a la protesta" en el Reino Unido.
Las apelaciones de los 16 activistas corresponden a cuatro casos separados. Entre ellos, la condena a cinco años de cárcel para Roger Hallam, fundador de Extinction Rebellion y Just Stop Oil, por organizar los bloqueos de la autopista M25 reclamando el fin de las prospecciones e gas y petróleo en el Mar del Norte. Otro caso notorio es el de Larch Maxey, que cumple una pena de tres años por ocupar un túnel a la salida de una refinería en Essex en el 2022.
Entre las demandantes se encuentra también Phoebe Plummer, militante de Just Stop Oil, condenada el año pasado a dos años de cárcel por arrojar sopa de tomate sobre 'Los Girasoles' de Van Gogh en la National Gallery.
Ante el aluvión de apelaciones, la juez Sue Carr se vio en la tesitura de despachar simultáneamente todos los casos con la asistencia de una panel de magistrados. En un caso anterior que puede servir de precedente, Carr mantuvo las largas condenas a dos activistas de Just Stop Oil que cortaron la autopista QE2, alegando el "factor disuasorio" contra acciones similares.
La mayoría de las detenciones se produjeron durante el mandado de Rishi Sunak y en plena cruzada de la entonces secretaria de Interior Suella Braverman contra los activistas climáticos, a los que llamó despectivamente "comedores de tofu". Bajo sus auspicios se aprobó una nueva Ley de Orden Público que prevé penas de cárcel a "quienes interfieran en la infraestructura nacional" o se encadenen o se adhieran con pegamento ante objetivos concretos, prácticas habituales de los seguidores de Extinction Rebellion y Just Stop Oil.
"Estas sentencias excesivas están diseñadas para evitar que los ciudadanos protesten", alegó Zoe Cohen, portavoz de Extinction Rebellion. "Y las leyes que lo permiten han sido escritas por os "think tanks" financiados por las corporaciones, por el dinero del petróleo y por los obscenamente ricos, los mismos actores que nos están llevando a la extinción".
El presentador y naturalista Chris Packham y el emprendedor Dale Vince, generoso contribuyente a las arcas del Partido Laborista, han reclamado la intervención directa del premierKeir Starmer y le han pedido que sea consistente con su decisión de reducir al 40% las condenas por delitos menores para evitar el colapso de las cárcles. "Lo que necesitamos es escuchar a los activistas y no encerrarles", escribieron al alimón en un artículo de opinión en The Guardian.