De prohibir los pisos turísticos a la Casa Orsola: Collboni empuja un viraje del PSC en vivienda

La Casa Orsola ha puesto en el centro de la diana mediática el grave problema de acceso a la vivienda que sufren ciudades como Barcelona. Y el Ayuntamiento de la capital catalana, capitaneado por el alcalde socialista Jaume Collboni, ha reaccionado con una operación de compra, junto a la Fundació Habitat 3, que evita los desahucios previstos en este edificio del Eixample barcelonés que había adquirido un fondo inversor para hacer pisos de lujo. Pero Collboni ha sido contundente al respecto: "Casa Orsola es un caso particular, pero son necesarias medidas de fondo y más regulaciones para evitar estas operaciones especulativas y para solucionar el problema del acceso a la vivienda".

El alcalde de Barcelona ha emergido de esta forma como el estandarte de cierto viraje dentro de su partido, el PSC, respecto a la política de vivienda. Si desde el Govern de la Generalitat, su jefe de filas de partido, el president Salvador Illa, afronta la crisis de la vivienda con el objetivo de sumar 50.000 viviendas al parque público, Collboni va más allá y plantea la necesidad de más medidas regulatorias del mercado. El hecho es que el problema del acceso a la vivienda ha pasado a ser un problema generalizado en todos los barrios de Barcelona y la fuerte presión gentrificadora provoca un fuerte malestar vecinal que ha encendido las alarmas en el Gobierno socialista de la ciudad. La Casa Orsola, en el céntrico Eixample, es uno de los ejemplos más evidentes que ha puesto sobre la mesa la necesidad de una mayor regulación pública.

Viaje a Bruselas para liderar el frente europeo

En este intento de liderar las políticas de vivienda, pese a las críticas de los movimientos sociales, Jaume Collboni, viajará este martes a Bruselas, con una intensa agenda hasta el jueves, para "llevar a las instituciones europeas las demandas de la ciudad en materia de vivienda", según fuentes municipales. La agenda —dirigida por la comisionada de Asuntos Europeos del Ayuntamiento de Barcelona, Mar Jiménez— está centrada en "hacer protagonistas a las ciudades en la definición y aplicación de políticas de vivienda de la Unión Europea". Estas mismas fuentes del gobierno socialista aseguran que "Barcelona está liderando la alianza de las grandes ciudades europeas para garantizar el derecho a la vivienda".

Destacan de la agenda del viaje la participación del alcalde Collboni en la audiencia sobre alquileres de temporada de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo; el encuentro con los alcaldes y representantes de ciudades europeas como París, Roma o Ámsterdam (Mayor's for Housing), en el que se leerá un documento con las peticiones de las ciudades que, posteriormente, se entregará al comisario responsable de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen; o la participación en el Plenario del Comité de las Regiones, el jueves, 20 de febrero.

En la evolución de la política del PSC de Barcelona en materia de vivienda, la prohibición de los pisos turísticos, o la demanda de topes de precios para el alquiler de temporada, son algunos ejemplos. Sin embargo, también hay todavía algunas cuestiones polémicas que el PSC mantiene, como es el posible cambio en la reserva del 30% de las nuevas promociones inmobiliarias para vivienda social, una medida que se aprobó con Ada Colau en la alcaldía y de la cual Barcelona en Comú ha hecho caballo de batalla con duras críticas contra Collboni.

La operación Casa Orsola, una opción pero limitada

La compra por parte del Ayuntamiento de Barcelona —junto a la Fundació Habitat 3 que gestionará el inmueble— de la Casa Orsola, ha sido una de las actuaciones más mediáticas y controvertidas impulsadas por el Gobierno municipal de Barcelona liderado por Jaume Collboni. La compra al fondo Lioness por valor de 9 millones de euros, tres más que cuando fue adquirido, ha desactivado el problema evitando los desahucios previstos. Pero ha recibido las críticas del Sindicat de Llogateres por el alto precio acordado, que "premia las prácticas especuladoras", y también de casi todos los grupos municipales.

Por un lado, los grupos de la derecha del consistorio como Junts, PP o Vox han criticado la intervención del Ayuntamiento en un caso particular, con dinero público que "privilegia a unos pocos inquilinos sin vulnerabilidad". Desde Barcelona en Comú y ERC consideran la operación como un "lavado de cara del Gobierno de Collboni", por lo que consideran en el fondo "políticas de retroceso en materia de defensa del derecho a la vivienda". Según fuentes de Barcelona en Comú, "Collboni ha cedido a la presión ciudadana y ha comprado la Casa Orsola, pero no olvidemos que por la puerta trasera quiere pactar con la derecha desmantelar la medida del 30% que evita miles de casas Orsola".

Relacionado con este tema

El Sindicato de Inquilinas de Madrid: "El PSOE gobierna y legisla para el rentismo"

Víctor López

Sin embargo, con la compra de Casa Orsola, Collboni acerca el PSC a las políticas ejercidas durante la etapa de Ada Colau en la alcaldía de compra de viviendas, que hasta ahora los socialistas no habían reivindicado. Además, para justificar la operación, el Gobierno socialista ha introducido un nuevo concepto de vulnerabilidad que va más allá de lo aplicado hasta ahora. "Hemos convenido con Habitat 3 que en Casa Orsola existía una vulnerabilidad no por el nivel de renta de los inquilinos, sino por la situación de desamparo que les podía suponer perder la vivienda en la situación actual", apuntan fuentes municipales. Una consideración que ha provocado duras críticas de los promotores: "el caso de la Casa Orsola supone una manipulación del concepto de vulnerabilidad", aseguran Foment del Treball, la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE) y el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona (API).

BComú apunta a la hasta ahora pasividad de los socialistas: "en casi dos años de mandato, Collboni sólo ha comprado 36 viviendas frente a los 200 pisos al año que comprábamos durante el mandato de Ada Colau". Ahora, la propia teniente de alcalde socialista, Laia Bonet, asegura que "el Ayuntamiento debe poder comprar vivienda allí donde la ciudad está hecha y no hay suelo para construir", y reivindica las 1.600 viviendas compradas en la etapa de Colau en la alcaldía.

Relacionado con este tema

Los sindicatos de inquilinas llegan a Sevilla y Cádiz para extender por Andalucía la lucha por la vivienda

Raúl Bocanegra

Cifra que BComú certifica: "El Gobierno de BComú compró 51 edificios, un total de 1.600 viviendas con el tanteo y retracto, pero los recursos eran limitados y ni la Generalitat ni el Estado compraron ninguna. En 2021, el año de la Casa Orsola, se produjeron 30 compraventas de edificios". Con estos datos, los Comuns se defienden de las críticas por no haber comprado el edificio hace cuatro años cuando valía 6 millones, y critican que "la compra de vivienda por parte del Ayuntamiento se ha reducido en un 85%".

Para el Gobierno socialista de Barcelona, la compra colaborativa de Casa Orsola con la Fundació Habitat 3 es una nueva experiencia "creativa" que se considera interesante. Bonet ha asegurado que la fórmula "se puede ensayar y se puede volver a aplicar en el futuro". Pero la considera una medida "excepcional", porque "desde un punto de vista económico es imposible resolver todas las hipotéticas ventas que pueda haber en la ciudad actuando previamente y comprándolas".

Tope de precios también en el alquiler de temporada

Los alquileres de temporada se han mostrado como la gran brecha que los propietarios de viviendas están utilizando para saltarse los topes de precios que se aplican en Catalunya —la única comunidad del Estado que los ha activado— en el alquiler convencional, fruto de la aplicación de la nueva ley de la vivienda. Hecha la ley, hecha la trampa, pero hay que recordar que el Sindicat de Llogateres ya advirtió de las consecuencias de dejar fuera de la regulación de precios, en las zonas reconocidas como de vivienda tensionada, esta tipología de alquiler. Y el Sindicat no ahorró las críticas a los socialistas por imponer esa exención en la ley. Además de denunciar que el sector inmobiliario está utilizando esta figura —y la del alquiler de habitaciones—, presuntamente de forma fraudulenta, para subir los precios por encima de lo que marca la ley.

Pese a que el PSOE rechazó en su día regular los alquileres de temporada, ahora es el propio alcalde socialista de Barcelona quien lo exige: "Si tienen el mismo precio, evitaremos lo que ocurre ahora, el fraude de ley; por eso es fundamental cambiar las reglas del juego". Y desde el PSC, la primera teniente de alcaldía y responsable del área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, admite que los augurios de los activistas por el derecho a la vivienda eran acertados y define como "un agujero negro" el alquiler de temporada. Según los datos del Observatorio Metropolitano de la Vivienda, cuatro de cada diez ofertas de alquiler en Barcelona son ya de alquiler de temporada. Fuentes del PSC de Barcelona admiten que el Sindicat de Llogateres tenía razón: "Barcelona es una de las pocas ciudades del Estado que está aplicando los topes en los alquileres y el de temporada es claramente un punto de fuga de la regulación".

Estas mismas fuentes del grupo municipal socialista barcelonés no esquivan hablar de "fraude de ley" de los propietarios. "En Barcelona es obvio que hay demanda de alquileres de temporada", aseguran, pero afirman que "lo que está ocurriendo con la derivación de alquileres normales a alquileres de temporada no es normal". Y reclaman que "hay que hacer algo, porque hace falta alquiler normal aunque sea regulado, y la medida más fácil sería aplicar los topes también a los alquileres de temporada, con una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos en el Congreso de los Diputados".

Las críticas de los Comuns —similares a las de ERC— apuntan al cambio de posición socialista: "celebramos este paso, pero nuevamente el PSC llega tarde. Hemos perdido un año y medio durante el cual el porcentaje de viviendas que han pasado de alquiler permanente a alquiler de temporada se ha disparado. Barcelona en Comú ya advertimos de este agujero cuando se redactó la Ley de Vivienda, y el PSC nos ignoró", aseguran fuentes del grupo municipal. De hecho, no está claro cuál será la posición del PSOE en la tramitación para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos que ya está en marcha. Pero está claro que los socialistas barceloneses no comparten las dudas de sus compañeros del Estado, y según fuentes del PSC, Collboni ha empezado ya a trabajar la diplomacia interna para conseguir que se apliquen los topes en los alquileres de temporada. La otra gran cuestión es saber qué hará Junts en este tema, puesto que sus votos son imprescindibles.

Veto a los pisos turísticos en Barcelona

Una de las primeras sorpresas del viraje del socialismo barcelonés en materia de vivienda fue decretar la prohibición de los pisos turísticos en Barcelona a partir del año 2028. El anuncio, realizado por el propio Collboni, ha levantado fuertes protestas del sector turístico que estudia acciones legales contra la medida. El cierre de todos los pisos turísticos en la capital catalana, con la no renovación de licencias, está considerada por el equipo de gobierno socialista como una medida imprescindible para recuperar la oferta de vivienda en la ciudad y según fuentes del consistorio "se pondrá de golpe 10.000 pisos a disposición del mercado, el equivalente a los pisos que se construyen en la ciudad en un año", aseguran.

Éste es otro cambio de rasante impulsado por Collboni en un PSC que habitualmente se había movido en posiciones favorables a la promoción del sector turístico, aprovechando un decreto de la Generalitat de Salvador Illa que permite la eliminación de los pisos turísticos en las zonas de vivienda tensionada. "Esta es también una herramienta de regulación del acceso a la vivienda que creemos que es necesario aprovechar", aseguran estas fuentes. Aunque desde Barcelona en Comú sacan pecho de la medida, asegurando que el PSC la ha tomado después de la presión que habían hecho los de Ada Colau. Por otro lado, un estudio de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) asegura que la medida supondrá la pérdida de 1.600 millones de euros y 4.000 puestos de trabajo en Barcelona, cifras que desde el Ayuntamiento minimizan, y aseguran que serán compensadas por la generación de actividad económica de los residentes fijos.

Nuevas promociones de vivienda pública

Barcelona, por su composición geográfica encajada entre la montaña y el mar, no tiene facilidad para encontrar suelo edificable. Sin embargo, el Gobierno municipal de Collboni ha cogido la bandera de la construcción de vivienda social. Siguiendo la estela de su jefe de filas, Salvador Illa, quien como presidente de la Generalitat se ha comprometido a la construcción de 50.000 viviendas sociales.

El emblema de esta política, que tiene continuidad con la época de Ada Colau, es Illa Glòries, la mayor promoción de vivienda protegida en obras de la ciudad, que consta de cuatro bloques que suman un total de 238 viviendas. Los pisos, situados en la zona de la remodelada plaça de las Glòries, ya han iniciado el proceso de adjudicación en régimen de alquiler asequible, social y derecho de superficie. Una vez estén todos adjudicados la promoción acogerá a más de 800 personas.

Por otra parte, el Gobierno municipal ha aprobado -este pasado jueves- definitivamente el proyecto de reparcelación en el barrio de la Marina del Prat Vermell para la edificación de un total de 893 viviendas, de las que 424 serán de protección oficial. La Marina es un barrio con mucha presencia de vivienda pública municipal. Del total de 6.248 viviendas protegidas, actualmente 1.654 están en diferentes fases de desarrollo y, de éstas, 1.012 son de iniciativa municipal. Y todavía hay que sumar, entre otras, cuatro promociones de vivienda en el distrito de Sant Martí con 151 nuevos pisos públicos de protección oficial que ha construido el l'Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB). Tres de las cuatro promociones (que suman 106 pisos) serán de alquiler y la cuarta promoción (con 45 pisos) de derecho de superficie. La inversión asciende a unos 19 millones de euros.

La reserva del 30%, en la cuerda floja

Pese al evidente viraje del PSC en Barcelona, la política de vivienda de Collboni no está exenta de críticas. Es el caso de la intención de cambiar la medida de reserva del 30% de las nuevas promociones inmobiliarias para vivienda social. Ésta es sin duda la medida que aleja más al PSC de las políticas de la izquierda en materia de vivienda. Fue una de las medidas estrella del gobierno de Ada Colau, y gracias a ello hasta 2024 se incorporaron al parque protegido 156 pisos, una décima parte de lo que se preveía conseguir en un primer momento. La norma se aprobó en 2018, pero en realidad no entró en vigor hasta 2021. El PSC alega que esta norma no ha funcionado y que deben realizarse cambios. El alcalde, Jaume Collboni, en declaraciones a TV3, ha asegurado que esta medida es clave para tener más vivienda protegida, pero que debe modificarse porque no ha funcionado bien.

La información publicada este lunes en el diario Ara sobre el archivo de los expedientes sancionadores a los promotores que incumplen la norma del 30% ha desatado las críticas. La concejala de ERC, Eva Baró, ha recriminado a Collboni que "archivar" las multas "enmienda" el compromiso con la vivienda que proclama el alcalde. Y la portavoz de Barcelona en Comú, Janet Sanz, ha acusado a Collboni, de "complicidad con el lobby inmobiliario" y le ha exigido que dé explicaciones públicas sobre la "estafa" por la falta de multas por incumplimientos del 30%.

Barcelona en Comú asegura que la medida del 30% no solo sirve para la creación de vivienda social, sino que ha servido para ahuyentar fondos de inversión que en caso de compra y remodelación integral de un edificio, con fines especulativos, deben aplicar la norma. Según fuentes de BComú: "En Barcelona hay alrededor de 4.000 edificios en el punto de mira de fondos buitre. Si el Ayuntamiento elimina la medida del 30%, los especuladores tendrán vía libre para echar a los vecinos y sacar beneficio". Y cifran a las personas que podrían quedar afectadas en 157.000.